Wanted: Dead or Alive.

  Si el pueblo norteamericano acepta ciegamente que ahora tenemos una práctica en la que el Presidente puede asesinar a las personas que él cree que son malos, me parece muy triste.” “Al-Awaki nació aquí, él es un estadounidense, nunca fue llevado a juicio o acusado por ningún crimen” “Si empezamos a asesinar a estadounidenses sin culparlos, debemos de pensar seriamente en esto”. Ron Paul, congresista por Texas y precandidato presidencial del Partido Republicano.

  Nacido en Nuevo México en 1971, hijo de un exministro yemení, se diplomó en Ingenieria Cívil en la universidad de Colorado,  cursó un master en Ciencias de la Educación por la Universidad de San Diego y empezó el doctorado en Recursos Humanos en la George Washington. Anwar Al-Awaki vivió durante más de veinte años en los Estados Unidos, hasta el año 2002. Tenía la nacionalidad norteamericana y hasta el mísmisimo Donald Rumsfeld le invitó a almorzar en el pentágono después de los atentados del 11-S en su aparente calidad de representante de la comunidad musulmana moderada. Unos años más tarde había declarado la guerra a su país, era conocido como el clérigo erudito, el mayor representante de Al Qaeda en la península arábiga y el máximo experto de la organización en la utilización de Internet para sus fines criminales. Desde el año 2009 se convierte en uno de los terroristas más buscados por la C.I.A. , de los “dead or alive”, y a principios del presente año ya era el primero de la lista por encima del propio Bin Laden. La mañana del 30 de Septiembre, al este de Yemen, un avión no tripulado de la C.I.A. disparó un mísil contra el vehículo en el que viajaba Al-Awaki y su compinche Samir Khan, propagandista de la organización criminal. Ambos murieron en el acto, como posteriormenete confirmó la propia Al Quaeda el día 10 de Octubre.

  Cuando leí las declaraciones de Paul lo primero que me vino a la cabeza fue la célebre distinción entre halcones y palomas de la Casa Blanca o los famosos tontos útiles de tanta causas descarriadas, si bien es cierto que me extrañó la filiación política del mencionado declarante, pues es bien sabido que los halcones suelen ser republicanos y con mayor plumaje si encima son tejanos. No obstante Paul es un republicano atípico, lo que allí se conoce como un “libertarian”, muy cercano al Tea Party, que basa seguramente su posición en una filosofía política limitadora de las potestades de los gobernantes y del Estado, fiel solamente a la Constitución, y esta no le da ningún derecho al presidente de los Estados Unidos a ordenar la ejecución de una persona que no haya pasado antes por los tribunales, y ello es así gracias a la Quinta Enmienda.

  Pues bien, dejando aparcada la Quinta Enmienda, a la que volveremos, el debate es ciertamente crucial, moral y jurídicamente, y tiene su propio recorrido muy bien definido dentro del más amplio de la pena de muerte en general . ¿Cómo es posible que se necesite autorización judicial para pinchar un teléfono y no para eliminar, por decirlo asépticamente, con un misil a un ciudadano? ¿Quién no aprobaría, ahora que sabemos todo lo que trajo consigo, y si fuera posible, un asesinato selectivo de Hitler días antes de su llegada al poder? ¿Cómo y con qué garantías y con qué clase de información necesaria se toma la decisión por el presidente useño de matar a una persona? ¿Qué problemas de Derecho Internacional ocasiona que un país ejecute a una persona en territorio soberano de otro? ¿Puede la justicia del Yemen o de un tercer país acorde con la legislación musulmana perseguir al presidente norteamericano e intentar sentarlo en los tribunales al modo y manera garzonita? …. Son muchas las interrogantes, que al igual que al profesor Montaner, se nos plantean y pocas y parvas las respuestas que podemos ofrecer.

  Harild Koh, asesor legal del Departamento de Estado, afirmó que la acción “cumple con la ley en vigor, incluyendo las leyes de guerra. Koh manifestó que “un Estado que está involucrado en un conflicto armado o que hace uso de la legítima defensa no está obligado a ofrecer procedimientos legales antes del uso de la fuerza letal“. “Nuestros procedimientos y tácticas para identificar a los sospechosos son muy buenos, y las tecnologías avanzadas han facilitado que alcancemos nuestros objetivos de manera muy precisa“.

  Pero las objeciones a esos procedimientos son enjundiosas y abundantes. Así de lapidario se pronunciaba el vicedirector de la rama legal de la American Civil Liberties Union (ACLU):  “Tal y como lo vemos hoy, es un programa bajo el cual los ciudadanos estadounidenses retirados del campo de batalla pueden ser ejecutados por su propio Gobierno sin un proceso judicial en base a pruebas y estándares que son secretos”. Vincent Warren, director del Centro para los Derechos Constitucionales no era menos rotundo que su colega “es la más grande afrenta contra la ley doméstica e internacional” y agregó “el programa para asesinar sospechosos que inició el presidente George Bush y se expandió durante el gobierno de Obama, autoriza al Poder Ejecutivo a matar cualquier ciudadano estadounidense que considere que es una amenaza, sin el visto bueno de la justicia, ni ninguno de los derechos estipulados en la Constitución. Si dejamos que esa sobreextensión de poderes continúe, estamos preparando el terreno para más erosiones de las libertadas civiles y el imperio de la ley”.

  Desde una perspectiva mas partidista y seguramente respirando por la herida de las críticas recibidas de los otrora palomos demócratas, Ari Flescher, portavoz con la Administración Bush, denunciaba: “Me pregunto si todos los que han acusado al expresidente George W.Bush de violar la constitución van a denunciar la muerte de un estadounidense a manos de un avión no tripulado sin juicio”.

  Al tan interpelado Barack Obama todo lo que se le ha oído decir es “La muerte de Awlaki es un gran golpe contra Al.Qaeda en la Península Arábiga. Este es un nuevo hito en la lucha que mantenemos contra la red terrorista”. No obstante, y por si las moscas, la Casa Blanca había preparado un exhaustivo memorandum jurídico para justificar la eliminación del clérigo, que resumiendo, viene a decir lo que ya dice la Quinta Enmienda, y en lo que concuerda Pardiss Kebriaei, también abogado de la asociación Centro de Derechos Constitucionales: “Si se ha hecho en ausencia de una amenaza inminente o de un peligro de muerte es un asesinato ilegal en el marco de la Constitución americana y el derecho internacional. Tenemos una gran preocupación sobre las circunstancias de esta muerte y pedimos una investigación inmediata“.

  La Quinta Enmienda dice: “Nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la pena capital, o con otra infamante, si un gran jurado no lo denuncia o acusa, a excepción de los casos que se presenten en las fuerzas de mar o tierra o en la milicia nacional cuando se encuentre en servicio efectivo en tiempo de guerra o peligro público“, por tanto y si mantenemos que los USA se encuentran en guerra contra Al Qaeda, cosa que me parece cierta y aceptable como premisa, tendremos un obstaculo jurídico salvado, lo que no obsta a que entienda las objeciones que se puedan hacer al término “guerra” y sobre todo a “peligro público”, uno de esos vocablos difusos que deberían estar prohibidos en la redacción de una norma legislativa. Pero ya a partir de lo anterior poco mas puedo avanzar, el problema de Derecho internacional, soberanías nacionales, y connotaciones políticas de intervenir militarmente en otro país, la colisión con los Derechos propios de esos paises, con sus potenciales actuaciones judiciales, etc, me parecen solo resolubles en la práctica y desde la diplomacia negociada o impuesta por la posición fuerza de EEUU en el panorama internacional.

 Otra cosa son ya las derivadas morales que cada uno es muy libre de valorar, al modo de los dilemas del tranvía que nos enseñaban en la vieja asignatura de Filosofía, y siempre creo yo, teniendo como punto de partida y como norte que está en juego la vida y la seguridad de mucha gente de la que uno es responsable.

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